Se ha puesto de moda hablar nuevamente de la Justicia en una nueva edición de la guerra partidaria. Hoy Madrid, que es el epicentro de la lucha ( Audiencia Nacional, Tribunal Supremo), aparece otra vez más como un nido de víboras donde se enfrentan fiscales, jueces, policías de alta cualificación, comisionistas y corruptos de todo tipo, medios de comunicación y sobre todo políticos. La enorme concentración de poder en la capital ( un día comentaremos sobre ello) hace que el hedor sea irrespirable.
Vamos a hacer un pequeño bosquejo de la coyuntura actual, y luego apuntaremos la receta para acabar de una vez con este albañal, pero para siempre y de una vez por todas. Sin parches.
La Justicia, pongamos hasta principios de los años noventa del pasado siglo, era una estructura conservadora, con abundantes elementos del régimen anterior sin depurar, pero que más o menos en lo profesional funcionaba. Nadie había elevado la figura del juez a un ser de luz, como hizo y ha hecho nuestra nefasta prensa, y sus miembros acreditaban una loable formación jurídica que no les impedía mantener una fluida y educada relación, desde su independencia e imparcialidad, con los abogados como colaboradores de la Justicia.
Al mismo tiempo, los colegios de abogados, también muy conservadores, desempeñaban una importante tarea en el mantenimiento de la deontología, prestigiando a la profesión e impidiendo que el salvaje liberalismo económico se hiciera presente, convirtiendo en una mercancía más el ejercicio profesional.
Hoy todo esto, desgraciadamente ha cambiado. La profesión de abogado la han convertido poco menos que una inmobiliaria vende pisos, donde el éxito es la principal divisa y por contra, asustados con lo que sucede, a los jueces y fiscales se les ha educado para evitar cualquier relación con los abogados ( no sin cierta razón), blindándolos de la sociedad misma y estimulando su sentido corporativo y aislacionista. De jueces que eran, a la mayoría hoy ya en día solo cabe definirlos como funcionarios sin apenas sensibilidad en los asuntos que manejan.
Hoy los jueces y fiscales, han perdido el nexo que un día les unió y relacionó con los problemas de la sociedad. Y muchos de ellos han devenido en personas autoritarias, soberbias y a veces mal educadas.
Y cuando ya las cosas estaban mal, los partidos políticos irrumpieron en la administración de justicia, instrumentalizando a sectores de jueces y fiscales para conseguir sus intereses. Hoy todo el mundo sabe que el nefasto Consejo del Poder Judicial es nombrado por los partidos políticos y que si quieres ascender u obtener buenos destinos, o salir con bien de una inspección, tienes que pasar por las horcas caudinas de sus intereses.
Vergonzoso fue ver al juez Garzón, en sus funciones de estrella, ir y venir de la política a la judicatura y viceversa, según sus intereses. Vergüenza me dio ver a los fiscales del Tribunal Supremo, en lo días de la vista del juicio a los independentistas catalanes, hacer muecas, burlas o sonrisas maliciosas ante las declaraciones de los acusados y, finalmente retorcer la ley- nuevamente la sala II del Tribunal Supremo- para condenar a los "Jordis".
Hoy mismo, asistimos al esperpento del proceso contra Begoña Gómez por parte de un oscuro funcionario judicial ( ex secretario de ayuntamiento de segunda). Que la señora es una imbécil y tonta de solemnidad, incapaz de dimensionar sus propias capacidades, nadie lo pone en duda, pero hace falta imaginación, o quizá mala fe, para ver delitos en sus comportamientos. Lo mismo sucedió con la aplicación de la ley de amnistía :muchas ganas hubo para retorcer las cosas en el Tribunal supremo, para considerar que el delito de malversación de caudales públicos, de que se acusaba a Puigdemont, no se encontraba incluido en el precepto legal.
El colmo ya ha llegado a nuestros días, a ahora mismo, mientras estas líneas se escriben. Habida cuenta que el PP, contó en su día en los altos cargos con una "policía patriótica" y con algún juez que descaradamente servía a sus intereses, el PSOE organizó toda una red dentro de esas estructuras para conocer y descubrir a la trama con todo tipo de maniobras ( caso Leire Diez). Asustados ciertos miembros ( jueces, fiscales y policías, ellos sabrán por qué) por el alcance de las indagaciones, se han puesto manos a la obra y han denunciado a los indagadores por obstrucción a la justicia y prevaricación.
Ha llegado un momento en que el espectáculo es bochornoso y casi un 60% de los españoles ya saben en encuestas que nuestra justicia de imparcial no tiene nada. Y para acabarla de arreglar no les atiende : en las grandes capitales un juicio civil se demora mas de tres años.
Lo que está sucediendo, irá a más desgraciadamente, pero tiene solución. Una solución que nuestra partidocracia evitará, pero ahí les dejo las bases de la receta curativa.
1.- Ya sé que la constitución lo consagra, pero con la reforma de la misma nuestro Consejo General del Poder Judicial debe, así de sencillo, desaparecer.
3.- No es conveniente, sustituir este sistema de representación indirecta de partidos, creando otra figura similar elegida sólo por jueces. Este sistema que se propugna por algunos sectores, reforzaría el corporativismo que aleja a las instituciones de la ciudadanía ; y además, correría el peligro de que los propios partidos políticos crearan grupos " profesionales" afines entre los propios jueces. Ya tendríamos otra vez al Consejo General del Poder Judicial, esta vez de facto.
4.- La reforma pasa en primer lugar por humanizar mucho más los estudios de derecho en las facultades, sobre todo en las ramas de Filosofía, Ética e Historia. El Derecho no puede convertirse en un tecnicismo ingenioso para conseguir particulares fines.
5.- El acceso a la profesión de juez y fiscal, supone ampliar significativamente el sistema de becas para poner la profesión al alcance de todos, y no como ahora sucede, al de un determinado segmento de la sociedad. Las pruebas para dicho acceso deben rebajar el nivel memorístico y valorar la experiencia previa en cualquier tipo de trabajo, sea o no jurídico.
Los jueces en ejercicio, así como los fiscales, deberían tener prohibida la formación de los opositores, y menos cobrando.
6.- Los ascensos y destinos dentro del cuerpo deberían ser resueltos en concursos, donde la antigüedad tuviera un grado mas que importante y como complemento se situaría el mérito.
7.- Los méritos se acreditarían 1) por un doctorado en derecho en una universidad pública 2) una licenciatura, también en universidad pública, en Filosofía, Economía, Filosofía y letras ( cualquiera de sus ramas), Políticas, Sociología o Teología.
8.- A igualdad de puntos en el concurso, el sorteo decidíría el empate.
9.- Los jueces deben estar bien pagados, nadie lo pone en duda, dada su alta función. Son un poder del estado y por esa razón, debería tener vedado el acceso a la política. Si optan por ella, renuncian al puesto de juez y ya no deberían volver a la carrera. El comercio en cualquiera de sus formas, también les estaría vedado. Actualmente ya es así en la legislación.
Todo lo que no sea cuanto se expone o algo similar, es y sería una nueva tomadura de pelo de la ciudadanía. Como dijera Joaquín Costa, en el sector, hace falta un cirujano de hierro. Cuando oigan de nuevo a los "cuñaos" discutir nuevamente sobre las batallas judiciales en curso, con la letanía de siempre, que si galgos, que si podencos, aléjense rápido : la tontería es contagiosa.
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