Se le llena la boca a nuestro presidente Pedro Sánchez y a su ministra Margarita Robles con la letanía de que somos una democracia plena y consolidada. No voy a repetir que tenemos presos políticos, otros en el exilio, que la Agencia Tributaria es una máquina de triturar que más vale que no caigas en sus manos, que encarcelamos a raperos, que ya hemos alcanzado más de 150 condenas por delitos de opinión ( ahora les llaman delitos de odio o de enaltecimiento del terrorismo, cajones de sastre donde cabe todo lo que molesta a tu enemigo), que la Audiencia Nacional es un tribunal más que político y el Tribunal Supremo también, que el Tribunal Europeo de los Derechos Humanos demasiado a menudo condena a España por la violación de derechos humanos, no, no me voy a referir a todo esto más el hecho de que durante unos años, se ha comprobado ahora, se llegaron a torturar a más de 6.000 detenidos en el País Vasco. Me voy a quedar simplemente en un dato, perdón unos datos de rabiosa actualidad.
Si un régimen puede llamarse mínimamente democrático, ese régimen garantizará el derecho a la defensa a cualquier persona en juicio a través de letrado, el que por supuesto nunca no será objeto de persecución política, incluso en el caso de que su cliente lo haya sido.
Pues bien, para que sepan cómo se las gasta nuestra “ democracia ejemplar”, sólo les diré que guste o no guste, el letrado que defiende a Carles Puigdemont, el hombre más odiado de la España institucional, se llama Gonzalo Boyé, más que nada porque su cliente hubo de designarlo y esta libre designación de letrado es el primer derecho elemental de la defensa de cualquier ser humano, sea este quien sea, y haya cometido el delito que haya podido cometer. Hasta el ser más abyecto- y Carles Puigdemont no lo es- goza del derecho a designar letrado que lo defienda y a no ser inquietado este profesional en el ejercicio de sus tareas de de defensa.
Eso es así en cualquier democracia y hasta en ciertos estados autoritarios. No así en el estado canalla, mas comúnmente conocido como España.
Desde que Gonzalo Boyé ha asumido la defensa de Carles Puidemont, sólo han hecho que sucederle cosas : creo que el Colegio de abogados de Madrid ( este extremo aún deberé confirmalo), le ha abierto un expediente por cuestiones deontológicas, el Banco de Santander le ha cerrado la cuenta corriente de su despacho profesional, la Audiencia Nacional ordenó un registro en ese mismo despacho, en el cual casualmente antes dos veces consecutivas ciertos “rateros” entraron a robar, sin llevarse nada ; esa misma Audiencia Nacional lo ha procesado por blanqueo de capitales, y otro tribunal donde pendía contra él una responsabilidad civil sin ejecutar desde hace más de 15 años y prescrita, de pronto se ha activado, y doctrina Marchena del Tribunal Supremo ha resuelto novedosamente que este tipo de responsabilidades civiles ahora no prescriben nunca ; y para acabarla de arreglar, cómo no, casualmente en estos dos últimos años le han caído cuatro inspecciones o comprobaciones limitadas de Hacienda, y tres más de la Seguridad Social. No me extrañaría que manaña le cayera una teja en la cabeza o un automóvil lo atropellara.
Lo dicho : una democracia plena, asombro del mundo. Mientras tanto el Rey emérito en Abu Dhabi ( paraíso democrático donde los los haya); sus delitos sin perseguir y su seguridad, más gastos de su servicio personal, a cargo del patrimonio nacional. Pero claro, todos somos iguales ante la Ley. Repitan las cotorras la cantinela, mientras el ministro " socialista" Abalos informa que la vivienda más que un bien de primera necesidad, es un bien de mercado, y casi toda nuestra juventud sigue viviendo con sus padres y los que se han arriesgado a salir de la casa paterna, deben emplear casi el 60% o más de su salario para pagar el alquiler a un rentista.
No hay comentarios:
Publicar un comentario