Dos datos sobre la Justicia que tenemos

Les cuento. Mas que nada en este caso, porque en los medios españoles no lo leerán. 

Había convocado el presidente del Consejo General del Poder Judicial una reunión en el consejo con todos los directores generales de justicia de las comunidades autónomas. Les recuerdo que el Presidente del Consejo, a su vez es el presidente del Tribunal Supremo en España.

Objeto de la reunión : desbloquear el atasco de los juzgados encargados de tramitar contra la banca las múltiples reclamaciones contra las cláusulas suelo  en la hipotecas de numerosos españoles estafados, y ver de dotarlos de medios para desbloquearlas.  En posdata le diré a qué se debe el bloqueo.

Acudieron todos los representantes autonómicos, salvo algunos que lo hicieron por videoconferencia. Fue el  caso de la directora de la comunidad de Cataluña, entre otras comunidades.

Nada más aparecer en pantalla, la representante de la comunidad autónoma catalana, fue reprendida por el presidente del Consejo, srs. Lesmes, para que se quitara de su chaqueta el lazo amarillo que llevaba prendido. Como ésta se negara a hacerlo, fue desconectada de inmediato y la reunión se celebró sin su presencia.

Les recuerdo que los los presos políticos catalanes y los que no son políticos, como los " Jordis", van a ser juzgados precisamente en el Tribunal Supremo en fechas muy próximas.

Recuerden que en el foro corporativo de ese mismo Consejo del Poder judicial, recientemente salieron a la luz los múltiples comentarios de varios magistrados contra el proceso catalán, casi  todos ellos casi insultantes en términos políticos, que no jurídicos.

Esta es la fecha que se está a la espera de medidas contra los participantes del citado foro corporativo.

Ya me dirán ustedes el juicio que les espera a los presos catalanes, y donde está la separación de poderes, la objetividad y la imparcialidad del órgano judicial que dictará sentencia.

POSDATA.- Los juicios por las clausulas suelo está bloqueados, porque el Tribunal de Justicia de la UE, enmendó el criterio del Tribunal Supremo de España, resolviendo que las clausulas suelo de las hipotecas que la banca imponía a los consumidores españoles, eran nulas de pleno derecho, lo que significaba que desde la firma de la hipoteca así lo eran, no como el tribunal español que resolvió que sólo lo eran desde la reclamación de cada particular.

Al dar efectos retroactivos a la sentencia, se incrementaron lógicamente las responsabilidades de la banca en sumas más que importantes. Fue una consecuencia lógica, pues en derecho ( y así nos enseñaron en la Facultad) un acto nulo de pleno derecho es inexistente desde su raíz o nacimiento, es decir, no debe tener consecuencias perjudiciales para quien haya sido objeto del abuso.

Así pues, el primer muro de contención de los intereses de la banca, se quebró con la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE. Pero siempre quedaba el poder legislativo español para paliar las consecuencias negativas del fallo del Tribunal de Justicia de la UE. Dicho y hecho. el Gobierno del PP, llevó al parlamento a toda prisa una nueva ley : las reclamaciones que se derivaran de este supuesto no podrían ser tramitadas por el juez ordinario que a cada español le correspondiera. A tal efecto, se centralizó y especializó el conocimiento procesal de estos asuntos en concretos y escasos juzgados provinciales de la capital de cada provincia.  Y no por ello, se exoneró, supongo, a dichos juzgados de la carga de trabajo habitual que ya venían soportando en los asuntos ordinarios.

Consecuencia natural de todo ello fue lo siguiente : 1.- Veto a pleitear fuera de tu localidad, con el encarecimiento que ello supone. 2.-.  El bloqueo de los litigios en los juzgados especializados, y el aumento de la tardanza habitual a la hora de dictar sentencia, por la sobrecarga de trabajo.   

Todo muy bien para la banca, pero muy mal para los españoles. Con que desistan de litigar  sólo el un 10%  de los reclamantes, y se retrasen la sentencias, el beneficio para la banca es evidente.

 A todo esto le llaman el Estado de Derecho.