Taxis y conflictos

Mucho  me temo que este año ni el mes de agosto va a ser apacible. Es tal la crisis del régimen de 1978, y la monarquía como símbolo del entramado, que en  el traje los desgarros aparecen por todas partes, tanto en la estructura económica como la política. No se ha acabado de cerrar una costura, y automáticamente se abre otra. Parece como si hubiera  comenzado la liquidación,  acompañada  de "un salvase quien pueda" ; en un panorama presidido por  bajos salarios, desempleo, alquileres inaccesibles, títulos universitarios desprestigiados por la corrupción ( otra más), turismo que se nos va,- agotado su modelo de bajo valor añadido- deuda, déficit y estructuras económicas incapaces de competir en un mercado global.

Ante el desastre que se avecina, todos andan buscan el paraguas de la salvación personal en forma de empleo público, monopolio, prebenda, jubilación o formar parte de la burbuja política que sólo hace que aumentar ( asesores, diputados inservibles, cargos en empresas públicas, etc).

Sólo en este panorama es posible interpretar el conflicto del taxi. 

En su día, durante el Franquismo, el sector pasó a ser intervenido y regulado. Era lógico que así fuera. En las grandes ciudades el espacio es limitado y el servicio necesario. Ya tenemos pues un sector, calificado de servicio público, y sujeto a licencia administrativa para su ejercicio. A partir de ahí, el servicio público requería que se prestara en condiciones de calidad, con ciertas garantías, y precios intervenidos. Muy bien, ello significaba  buenos conductores y equipos suficientes para la prestación de la actividad, entre otros requisitos.  Así pues, en cada momento los poderes públicos fijarían, atendido el interés general, el número de licencias en cada ciudad, y resolverían en su caso el exceso de solicitudes, a través de un concurso público, escogiendo siempre a las mejores ofertas.

Pero como era de esperar en un régimen corrupto, no siempre se cumplieron estos requisitos esenciales, y además se autorizó  la " mercantilización de las licencias". Muchos titulares de estas licencias ( algunos con varias en su poder ¿ cómo fue posible llegar a esto?) pasaron a venderlas a precios especulativos, y otros, al amparo de diversas figuras jurídicas, a arrendarlas o explotarlas mediante empleados en formas de  contratos de sociedad. Hay todo un submundo detrás de muchas de las licencias, que no resistiría una inspección de trabajo, sino se hiciera la vista gorda.

Y estando así las cosas, nuestra entrada en la UE, y la liberalización de los servicios que se nos viene imponiendo, nos trajo de la mano de las multinacionales la llegada al sector de la famosas licencias VTC, de la mano de Uber y Cabify, un eufemismo  o modelo de negocio denominado " economía colaborativa".  Lo que se utiliza en este caso el cliente, es un arrendamiento de vehículo, con conductor ; pero el cliente en realidad no contrata con dicho conductor y vehículo. La multinacional armada de una plataforma digital, recibe el pedido en salida y destino del cliente, ordena al vehículo más próximo a la localización la búsqueda del pasajero;  y hasta le cobra el servicio, si lo prefiere  a través de su aplicación mediante el teléfono móvil.Y no todo queda ahí : el cliente  en su móvil, puede hacer seguimiento de la llegada del vehículo en kilómetros y tiempo, y en la la misma prestación del servicio, recibe, en el trayecto, atenciones para poder utilizar WI-FI, toallitas de refresco y hasta agua mineral, todo  gratuitamente, entre otros servicios de atención. Y ademas, por un precio muy inferior al del taxi tradicional. Encima, Cafiby da un precio cerrado. Los embotellamientos y paradas en el trayecto, no afectan al precio.

El chófer y vehículo que presta el servicio, a la hora de la verdad, no es más que un falso autónomo, al que la multinacional le da entrada en su  aplicación  informática, a cambio de cobrarle un porcentaje por viaje realizado. Otro cachondeo más, porque quien dirige, contrata y  organiza el servicio y dar entrada en la plataforma o no, es la propia multinacional.

Cuando se trató de implantar el sistema, el taxi se insurreccionó, y protestas tras protestas, la administración decidió regularlo. Nacieron las licencias VTC. Se otorgarían un determinado número de licencias, por cada una de taxi.

Pero claro, el sistema Cafiby es mucho más barato, práctico y eficaz frente al consumidor. Está llamado a acabar con el taxi con la lógica neoliberal del mercado y ello es debido a que un taxi no puede competir en precio, entre otras razones porque debe cualquier taxista tener en cuenta en sus tarifas el precio que le supuso la adquisición  especulativa  de su licencia, con la que unos cuantos hicieron, nunca mejor dicho, su agosto a costa de los trabajadores del taxi. Por otra parte, tampoco puede competir, porque las multinacional a la hora de adquirir combustible, seguros, compras de vehículos, calidad de éstos y reparaciones en talleres,  tiene mucha más fuerza de compras que el gremio de taxistas, es decir, los adquiere más baratos.

Y así, están nuestras ciudades paralizadas, discutiendo con el Estado si deben concederse 30 o más licencias, por cada una de taxi, o menos,  en un esfuerzo temporal por parte del sufrido taxista para impedir que el pez grande se coma al chico, como siempre acaba ocurriendo en el mundo neoliberal, disfrazado de palabrejas, como competitividad, mercado y emprendedor. Palabrejas estas, que hasta los más humildes repiten, totalmente alienados, como verdades absolutas y necesarias, sin saber que las victimas de  dichos fonemas, tarde o temprano serán ellos mismos.

La solución es difícil y muchos trabajadores del taxi pueden irse a la ruina, después de haber pagado a precio de oro su licencias. Las licencias siempre debieron haberse otorgado a las personas, y una vez retiradas estas del servicio, por incapacidad, sanción o jubilación de su titular, volver a la propiedad de quien siempre fueron, es decir del Estado, para ser de nuevo concedidas a quien mejor lo mereciese. Pero qué le vas a decir a una oligarquía como la española, que sólo sabe hacer negocios al lado del BOE, al que por otra parte controla a través de politicastros bien amancebados con las puertas giratorias.

El tal Cafiby o el Uber, no debieron de haber aparecido nunca por estos pagos. Bastaba prohibirlos. Son empresas que utilizan como autónomos a sus empleados, ahorrándose la seguridad social.

Este país es un desastre. Cuando regula  un mercado no lo hace en favor del usuario del servicio, ni del trabajador que lo presta. Y cuando no lo regula, lo entrega a una multinacional, que impone sus reglas a los trabajadores.


Pd.- El fachómetro lleva dos días sin moverse. Pero el juez Larrena, el del Supremo, ha sido sorprendido cenando en un restaurante cercado a Gerona, con el ex ministro del interior. Vamos, con el que planeó el proceso contra los presos políticos catalanes que mantiene en la cárcel.  O sea, una Justicia  no independiente y una separación de poderes que muchos sabemos que no existe. En Europa opinan lo mismo. Sólo cuatro fanáticos la defienden, más que nada porque nunca tuvieron opinión propia, salvo repetir lo que escuchaban en el telediario.