¿ Qué es un diputación provincial ?. La respuesta es sencilla: hoy en día, en el mejor de los casos, una tomadura de pelo.
La constitución de 1978, vino a reconocerlas, aún después de dividir el territorio nacional de forma delirante en numerosas comunidades autónomas. Café para todos, con parlamento ( menos mal que no fue añadido un senado), ejecutivo con sus respectivas consejerías y defensor del pueblo incluido. Otro día, hablaremos de la chapuza autonómica y las causas de tal decisión, bastante menos altruistas de lo que el común de la gente se figura.
Pero vayamos al núcleo del artículo. Nacidas las diputaciones en el siglo XIX mediante las Cortes de Cádiz como gobiernos provinciales, se consolidan en el reinado de Isabel II con la división del Estado en provincias. Sus funciones iniciales las podríamos resumir en obras de utilidad pública en la provincia y atención a los municipios para sus necesidades de toda índole.
Con una estructura de Estado centralista aún cabía justificar su existencia, más todavía si hace 40 años nuestros pueblos ( más que numerosos y atomizados en nuestro país) se hallaban carentes de medios y sus presupuestos resultaban escasos, por no decir ridículos, además de quedar sujetos a las facultades de vigilancia y tutela de la administración central.
En la actualidad, nuestros pueblos y ciudades han mejorado sensiblemente como salta a la vista de cualquiera ; y, a tenor del principio de autonomía local, consagrado en la constitución, gozan de servicios adecuados, cuando no de capacidad financiera ( siempre mejorable) para sostenerlos.
El caso es que, entre la autonomía municipal y las comunidades autónomas, se quedaron las diputaciones provinciales como el refugio de unas estructuras del Estado ya inservibles. Las comunidades autónomas, con capacidad legislativa incluida, estaban llamadas a administrar los recursos del Estado en cada territorio con una adecuada descentralización, y el principio de autonomía municipal mejorado, complementaba la cercanía de la administración al pueblo, en sus necesidades más elementales y directas.
¿Pero qué ocurrió entonces ?. Pues que en lugar de ir estrechando sus competencias y funciones, hacia comunidades autónomas y municipios, la partitocracia cada vez más numerosa en estructura y militancia, encontró en estas instituciones un nicho donde colocar a todos los mediocres y parásitos que la sostenían. Los puestos en la administración central y autonómica, no daban para todos, y los cargos municipales carecían en la mayor parte de los casos de las adecuadas remuneraciones, además del riego de ser controlados por el pueblo en su gestión cercana.
Así pues, la partitocracia se puso, sin prisas pero si pausas, en la materialización del plan : había que engordar a estos entes como fuera, llenarlos de nuevos y ostentosos edificios innecesarios, reforzando la capitalidad de las provincias e igualmente, retribuir generosamente a sus diputados y numerosos asesores.Los funcionarios de estas instituciones, a los que no pasó desapercibido el plan, también quisieron tomar su parte del pastel a recibir, y hoy, en muchas de las provincias, resultan los mejor pagados en relación a sus compañeros de otras administraciones, añadiendo a su condición de funcionarios, las ventajas de la negociación colectiva de los trabajadores del sector privado.
De la misma forma, para consolidar este diseñada estructura de poder , que emana de los municipios, la nueva estructura pardidaria sacó del cajón el mejor manual de caciquismo del siglo XIX y, utilizando el presupuesto, se puso a repartir el dinero a través de los planes provinciales de obras y servicios entre los municipios, alimentado a unos, castigando a otros ( incluso entre los gobernados por el propio partido gobernante como método de arrinconar a los rebeldes), todo ello con criterios de obediencia y sumisión que acabaran transformándose en réditos políticos electorales a nivel local, provincial y autonómico. Y la cosa no quedó ahí. Con el objetivo de disponer cada vez de más poder, con el que condicionar a los vecinos de los ayuntamientos y sus alcaldes, pasó a succionar competencias municipales, que solicitaba se le delegaran ( a ver qué alcalde se negaba, pendiente la oportuna subvención para su municipio) con lo que la institución quedó reforzada aún más, engrandeciendo así sus plantilllas de funcionarios. Al mismo tiempo, y finalmente, supo crear toda red clientelar provincial de liberados en los municipios sometidos, a través subvencionar empleos indirectos en numerosas asociaciones de lo más variopinto, de muy dudosa utilidad social y con un objeto social que en muchos casos se incumple.
En resumen : las diputaciones provinciales, que se nutren los presupuestos que reciben del Estado y de las tasas e impuestos municipales, que recaudan por delegación de éstos, y liquidan descontando el oportuno margen, resultan unos intermediarios innecesarios, que solo han conseguido consolidar el caciquismo y drenar los recursos de los propios municipios.
El poder más cercano al pueblo, y mejor administrado en todos los sentidos es el poder municipal ( y comarcal donde existan estos entes) y la estructura de los atomizados municipios, pasa por mancomunidad de los mismos o la agrupación de éstos. En nuestro estado autonómico los entes provinciales sobran.
Es hora de liberarse de la garrapata.
No hay comentarios:
Publicar un comentario