Dice el art. 20 apartado d) de la Constitución Española, lo siguiente : " se reconocen y protegen los derechos a comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión. La ley regulara el derecho a la clausula de conciencia y al secreto profesional en ejercicio de estas libertades".
Viene a cuento la invocación del precepto ( el pueblo tiene derecho a ser informado con veracidad) de la constante, manipuladora, torticera, dolosa e intoxicadora campaña que llevan a cabo los medios españoles contra Venezuela. Deliberadamente, se han ocultado hechos, alterado otros e inventado algunos. Nadie discute que desde cualquier medio se pueda expresar una opinión, todo lo adversa que se quiera contra el proceso bolivariano. Pero lo que no puede hacerse es mezclar la opinión con la información. Cualquier regla deontológica en el campo del periodismo lo impide. Y menos, que los hechos, lo sucedido, se oculte, omita, retuerza o manipule. Por ejemplo, no se puede publicar que al estallar una bomba al paso de agentes de policía, colocada por los opositores al gobierno chavista, dichos opositores resulten las víctimas y las verdaderas victimas, pasen a ser los represores. Como tampoco se puede ocultar, que más de 7 personas ( chavistas o confundidos con ellos) hayan sido quemados vivos o que los opositores suelan utilizar armas de fuego en sus protestas. Menos todavía, que estos individuos, presentados como " pacíficos manifestantes, reprimidos por la policía" hayan llegado a incendiar un hospital de neonatos, ametrallado instituciones del Estado, destrozado urnas y asesinado a candidatos electorales. Son sólo ejemplos, que se ocultan. La lista de barbaridades excede con mucho de este artículo y ya van más de 100 muertos.
Que los dueños de los medios de comunicación son capaces de esto y de mucho más, no cabe la menor duda. Son los propietarios de las empresas ( bancos y multinacionales) y juegan a defender sus intereses. Lo que va siendo hora de denunciar es que los trabajadores de dichos medios, redacten y coadyuven a publicar estas noticias, amparándose en la obediencia debida y la pérdida del empleo consiguiente si desobedecen.
Nadie está obligado a mentir o tergiversar la verdad de forma constante y activa. El militar ( máximo concepto de la disciplina y obediencia) según sus ordenanzas, no está obligado a cumplir las órdenes de sus superiores, que atenten manifiestamente contra el ordenamiento jurídico y la constitución. Ningún funcionario público lo está, ni tampoco ningún trabajador de cualquier empresa, pública o privada.
Conozco casos de periodistas que ante la presión sufrida ha pedido su traslado de los servicios de información generalista en importantes cadenas de televisión a la sección de deportes. Otros muchos hasta se habrán negado a informar falsedades manifiestas. Pero quedan bastantes que miran hacia otro lado y escriben o ponen su cara para dar las "noticias" a sabiendas de su falsedad, estos últimos a cambio de más que generosos salarios.
No es obligatorio ser periodista, ni barrendero, ni médico. Y si lo son, deben en primer lugar cumplir con el ordenamiento jurídico y la decencia. Quien se presta a mentir, manipular y engañar, o a colaborar en esta actividad, o cualquier otra laboral, es tan culpable como quien organiza, crea o dirige la falsedad. El Código penal, al definir la autoría de los delitos, los conceptúa como tales en grado de cooperadores necesarios.
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